El Gobierno ha acordado hoy en el Consejo de Ministros la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta subida significa que el SMI pasa de 1.134 euros en 14 pagas a 1.184 euros en 14 pagas. A primera vista, parece una buena noticia para más de 2,5 millones de trabajadores, pero hay un matiz que nadie esperaba: por primera vez, estos trabajadores deberán pagar IRPF.
¿Por qué? Porque Hacienda ha decidido no aumentar el mínimo exento del IRPF, que sigue en 15.876 euros anuales, mientras que el nuevo SMI se sitúa en 16.576 euros. Esto significa que los trabajadores que cobren el mínimo tendrán que tributar unos 300 euros anuales, perdiendo gran parte de la subida que tanto se ha vendido como un logro. Es decir, una subida de 700 euros anuales, con los 300 euros que deberán tributar, únicamente será de 400 euros anuales.

Este ejemplo de fragmentación dentro del gobierno obvia el sin rumbo que viven los trabajadores en España, ya que, mientras la Ministra de Trabajo y miembro de un partido aboga por la subida del mínimo exento del IRPF para que la medida sea efectiva, la Ministra de Hacienda se niega, ya que es consciente de la imposibilidad de modificar el mínimo exento supondría varios millones de recaudación que la Hacienda Pública Española no percibiría.
Por otro lado, este intervencionismo estatal obliga a las empresas a pagar más en un contexto de incertidumbre económica, se impone un aumento de costes a empresas y autónomos, sin diferenciar sectores ni realidades económicas, Se presenta como una victoria para los trabajadores, pero parte del incremento termina en manos del Estado vía IRPF y para mas inri las pymes y pequeños negocios, que ya operan con márgenes ajustados, ven cómo sus costes laborales aumentan, lo que puede frenar contrataciones o incluso forzar despidos.
Si el objetivo es mejorar el poder adquisitivo, ¿por qué no bajar impuestos en vez de obligar a las empresas a asumir más costes?
El mercado laboral necesita menos imposiciones y más incentivos. La subida del SMI, en lugar de ser una herramienta de justicia social, se está convirtiendo en otro instrumento de recaudación. El verdadero progreso no está en subir salarios por decreto, sino en permitir que el tejido empresarial crezca y genere empleo de calidad sin tantas trabas.
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